Corte Suprema de Justicia - Sala Penal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Actividades sexuales o eróticas remuneradas con menores de edad”
 
 Las “actividades sexuales o eróticas remuneradas con menores de edad”. No se limita a actividades de acceso carnal, sino además cualquier otra forma de acto sexual que implique acercamiento físico (o virtual) entre la víctima y el explotador, así como el pago u otro tipo de remuneración por la prestación del servicio, ya sea al menor o a un tercero.

 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL NO SE VULNERA POR CUANTO NO SE PROBO QUE FACULTADES DEL IUS VARIANDI SE UTILIZARON COMO MECANISMO DE PERSECUSIÓN SINDICAL. La accionante se vinculó como piloto de AVIANCA a finales de 1998, y a comienzos del año siguiente se afilió a la ACDAC, donde posteriormente fue elegida como miembro de su Junta Directiva por dos períodos consecutivos. Así mismo, se asoció al Sindicato de los Trabajadores del Transporte Aéreo Colombiano. Con ocasión del cese de actividades declarada por la Asamblea General de la ACDAC, de los procesos judiciales que se iniciaron con base en este, la resolución del conflicto colectivo económico, el proceso especial de calificación del cese colectivo de actividades y la política de normalización de la operación de la empresa, entre otras situaciones, la peticionaria fue reincorporada a sus labores en la Aerolínea pero desarrollando actividades en tierra. De manera posterior se inició en su contra un proceso disciplinario, entre otros cargos, por la participación activa en los hechos que configuraron el cese ilegal de actividades de la entidad y el incumplimiento de obligaciones laborales. Al concluir el precitado proceso, Avianca decidió terminar unilateralmente y con justa causa legal, el contrato laboral suscrito con la tutelante. Este acto es el que se cuestiona como violatorio de derechos fundamentales, en especial, porque constituyó un acto de persecución sindical y no tuvo en consideración la condición de madre cabeza de familia. Se aborda temática relacionada con: 1º. La libertad de asociación sindical. 2º. Las características generales del precitado derecho, su dimensión individual y las manifestaciones del poder subordinante como posibles actos de persecución o represión sindical. 3º. La vigilancia y las obligaciones del Ministerio de Trabajo con relación a los despidos ocurridos con ocasión de una huelga ilegal. 4º. La vía ordinaria laboral como medio de defensa judicial idóneo para debatir pretensiones fundadas en la terminación de contrato de trabajo con justa causa legal. 5º. La calidad de madre cabeza de familia y, 6º. El perjuicio irremediable como excepción al mecanismo ordinario principal. La Corte concluyó que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo y eficaz para resolver las pretensiones de la accionante encaminadas a determinar si existieron o no vulneraciones al debido proceso, por cuanto la existencia o no del fuero y la valoración de la existencia de una justa causa o no para terminar el contrato de trabajo, es una competencia propia de la jurisdicción ordinaria laboral. Así mismo, porque no se encontró la existencia de actos de persecución sindical por parte de la empresa demandada. Se declara la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela respecto de las pretensiones relacionadas con los derechos al debido proceso, la salud, el trabajo y el mínimo vital y se NIEGA el amparo al derecho fundamental a la libertad de asociación sindical.

 

 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHOS FUNDAMENTALES AL AGUA POTABLE, A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA El actor reside con su núcleo familiar en un apartamento que hace parte de la Urbanización Alminar Samoa del municipio de Ibagué, la cual está clasificada como vivienda de interés social. Asegura que después de habitar el inmueble se enteró que la urbanización no contaba con el servicio público de acueducto que respetara la prerrogativa de contar con el suministro de agua apta para el consumo humano. Por lo anterior, interpuso la acción de tutela y le solicitó al juez constitucional ordenar a las entidades accionadas realizar el abastecimiento transitorio de agua potable en los tanques de almacenamiento de la edificación y adelantar las gestiones necesarias para potabilizar el agua que se surte en cada una de las viviendas que conforman la misma. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. Las obligaciones del Estado y de las autoridades en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 2º. El derecho fundamental al agua potable en el ámbito nacional e internacional y, 3º. El contenido de la protección de la precitada garantía constitucional. Concluye la Corte que la inadecuada e ineficiente prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado por parte de las demandadas dio lugar al desconocimiento de los derechos fundamentales al agua potable, a la salud y a la vivienda digna del peticionario y su familia. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados. A la presente decisión se le concede efectos inter comunis para proteger las garantías constitucionales de todas las personas que, en las mismas circunstancias del tutelante, habitan otras viviendas en la mencionada urbanización.

 

 Corte Suprema de Justicia - Sala Penal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cibersexo obligado mediante amenazas es delito: Corte Suprema

Es posible cometer agresiones sexuales diferentes al acceso carnal sin necesidad de tocar a la víctima del acto sexual violento. Este delito puede materializarse en eventos en los cuales el contacto es a través de medios virtuales como internet y redes sociales, cuando el agresor obliga con amenazas a su interlocutor a dejarse fotografiar o grabar en videos de índole pornográfica.

Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia, al precisar que, aunque no haya contacto físico, la presión ilícita para que la víctima amenazada permita ser registrada desnuda o en actividad sexual configura el delito de acto sexual violento, no los de constreñimiento ilegal o extorsión.

 Corte Suprema de Justicia - Sala Penal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCION DE TUTELA EN CASOS DE HOMONIMIA DENTRO DEL PROCESO PENAL. El actor aduce que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al haber proferido y ejecutado en su contra sentencia mediante la cual lo condenó a cumplir 40 años de prisión, a pagar una multimillonaria multa a favor de la UARIV y a la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años, por haber incurrido presuntamente en los punibles de desaparición forzada agravada, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y otros. El accionante adujo que su vinculación al proceso penal fue ilegal y que en ella existió un grave error de homonimia. Pretendía con la solicitud de amparo que se ordenara su libertad, la anulación de los antecedentes de todo orden, incluida la privación de derechos políticos y la suspensión de los procesos de cobro coactivo. Se abordó temática relacionada con el derecho fundamental a la libertad personal. La Sala constató que frente a la pretensión del actor de obtener su libertad existía una carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que el operador jurídico demandado ordenó su libertad inmediata el 7 de diciembre de 2018, luego de que se verificara que existió un yerro con la identidad del procesado. Respecto a las otras pretensiones la Corte declaró la improcedencia de la acción de tutela, porque no encontró probado el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, dado que frente a ese tipo de peticiones existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, y se trata de consecuencias de una sentencia judicial revestida de la fuerza de cosa juzgada.
 
 Ministerio de Agricultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobierno autoriza caza de 500 toneladas de tiburón y comercialización de aletas

Se trata de la resolución 350 de 2019 en el cual se establecen las cuotas globales de pesca de diferentes especies “bajo aprovechamiento” para el año 2020.

 
 
 
 
 
 Corte Suprema de Justicia - Sala Civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DERECHO DE ALIMENTOS - Alimentos entre cónyuges o compañeros permanentes: posibilidad de reclamar alimentos sin sujeción a la culpabilidad o al elemento subjetivo de la conducta en la ruptura del vínculo, cuando uno de los integrantes de la pareja se encuentre en situación de necesidad demostrada
 
 Los compañeros o cónyuges pueden reclamarse alimentos entre sí, cuando uno de los compañeros o cónyuges se encuentre en necesidad demostrada, salvo las limitaciones que imponen los casos de “injuria grave o atroz”. 
 
 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDA DIGNA Y SIN BARRERAS DE ACCESO PARA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD. La accionante es una persona adulta mayor de casi 80 años de edad. Debido a que su vivienda estaba construida en una zona de alto riesgo no mitigable, la entidad territorial accionada la ingresó al programa de reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular y le entregó un subsidio distrital para adquirir su inmueble en un proyecto habitacional. La adjudicación real y material del apartamento se hizo, según petición de la actora, en un primer piso. No obstante lo anterior, a ésta nunca le fue advertido que el diseño arquitectónico del proyecto contaba con escaleras para el acceso, lo cual, en virtud de la situación de discapacidad que afronta por las diversas patologías que limitan su movilidad, constituyen una barrera de acceso. Se reiteran las reglas jurisprudenciales sobre la procedencia de la acción de tutela respecto de personas en situación de discapacidad o difícil movilidad y se aborda temática relacionada con el derecho a la vivienda digna cuando se trata de este grupo poblacional, destinatario de una especial protección del Estado. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
 
 
 
 Corte Suprema de Justicia - Sala Civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS - Carácter unilateral e incondicional de la obligación pura y simple contraída por la madre alimentante con su hija
 
DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Proceso ejecutivo de alimentos: exigibilidad de la obligación alimentaria teniendo como título base de la ejecución el acuerdo de alimentos celebrado entre los progenitores y el auto aprobatorio del mismo proferido por el juzgado de familia
 
 CONSIDERACIONES:
 
 1. La cuestión planteada a la Corte estriba en determinar si en el coercitivo de alimentos adelantado contra la suplicante, existió la transgresión denunciada al (i) dictarse sentencia con un título presuntamente inexigible soportado en recibos en copia simple; (ii) mantenerse el embargo en la cuenta bancaría donde se depositan los dineros para los alimentos de la precitada infante; y (iii) no atenderse su petición de levantamiento de la medida que le impide salir del país, por no formularla a través de un abogado.
 
 
 Corte Suprema de Justicia - Sala Penal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA
 
Cuando recae sobre mujer por razón del género, el incremento punitivo se justifica si el sujeto activo realizó la conducta en un contexto de discriminación, dominación o subyugación. [SP4135-2019(52394)]
 
 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR ENFERMEDAD DE UN EMPLEADO PUBLICO NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD. La actora aduce que el ICBF vulneró sus derechos fundamentales al dar por terminada su relación laboral, sin tener en consideración que se encontraba en incapacidad médica por causa de las diferentes enfermedades que venía padeciendo, en especial el trastorno mixto de ansiedad y depresión, del cual tenía conocimiento la entidad. Por su parte, el Instituto adujo como causal de terminación del vínculo laboral, el nombramiento en el mismo cargo de la persona que ganó el concurso de méritos y que conformaba la lista de elegibles. Se analizan los siguientes temas: 1º. La provisión de cargos de la lista de elegibles previo concurso de méritos y, 2º. La estabilidad laboral de los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad que desempeñan cargos de carrera administrativa. Se confirma parcialmente la decisión de instancia que tuteló los derechos al trabajo y a la vida en condiciones dignas de la peticionaria y ordenó su vinculación en caso de que existan vacantes disponibles en la entidad, o en el caso de que existan vacantes futuras en provisionalidad.
 
 Corte Suprema de Justicia - Sala Civil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSO DE REVISION - Frente a sentencia que revocó decisión de primera instancia, negando las pretensiones de la demanda en proceso Privación de Patria potestad.
  
 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDENA INDEMNIZAR EL DAÑO EMERGENTE COMO AL PRESENTARSE UN DAÑO CONSUMADO POR LA OMISION EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. La vulneración de derechos fundamentales que se atribuye a las entidades accionadas tiene que ver con el hecho de haberle negado a la actora una autorización para que a su progenitora le practicaran varios procedimientos, exámenes y consultas ordenados por su médico tratante, para determinar qué complicaciones presentaba en la extremidad inferior izquierda y cuál era el tratamiento a seguir. Se analizan los siguientes temas: 1º. La seguridad social como derecho fundamental. 2º. El derecho fundamental a la salud y a la vida digna de las personas de la tercera edad. 3º. La Ley 1751 de 2015, Estatutaria de Salud. 4º. El acceso a servicios y tecnologías no incluidas dentro del Plan de Beneficios en Salud. Se TUTELAN los derechos a la salud, seguridad social y vida digna de la representada y se ordena a la entidad garantizar la prestación del tratamiento integral que necesite, sin ningún tipo de dilación o barrera administrativa y de conformidad con los principios de continuidad, oportunidad, accesibilidad, integralidad y demás criterios establecidos en la precitada ley. Teniendo en cuenta que a la madre de la accionante le fue amputada la extremidad mencionada, la Corte condena en abstracto a Comparta E.P.S. a indemnizar el daño emergente causado como consecuencia de la no prestación oportuna de los servicios de salud y medicamentos a que tenía derecho la tutelada. Se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos concedidos.
 
 
 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El principio de favorabilidad es una excepción de naturaleza constitucional al efecto general inmediato de las disposiciones procesales y al principio de irretroactividad de ley penal, que no puede ser desconocido por el juez
 
DERECHO A IMPUGNAR SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UNICA INSTANCIA POR LA SALA DE CASACION PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. ACTO LEGISLATIVO 01/18 A
 
 
 
 Corte Suprema de Justicia - Sala Penal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Corte Suprema de justicia sala Penal se pronuncio sobre el principio de favorabilidad también rige para los condenados

 “Ningún mandato constitucional y legal, impide que la reducción de pena en el monto establecido en el artículo 16 de la Ley 1826 de 2017 favorezca a los condenados, en la medida que el principio de favorabilidad opera sin excepción alguna y con preferencia sobre la ley odiosa o restrictiva.”
 
 La Sala casará la sentencia para redosificar la pena impuesta a los acusados, como consecuencia de la prosperidad del cargo propuesto en la demanda, toda vez que el Tribunal al tasarla dejó de aplicar por favorabilidad el artículo 16 de la Ley 1826 de 2017, que contempla una rebaja punitiva mayor a la prevista en el parágrafo del artículo 301 de la Ley 906 de 2004, para quien sorprendido en flagrancia acepta los cargos formulados en la audiencia de imputación.
 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenan modificar el registro civil de nacimiento de su representado en el sentido de incluir el nombre escogido por el menor de edad y modificar el sexo femenino por masculino.
 
PROTECCION DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GENERO DE LOS MENORES DE EDAD. La accionante, en representación de un hijo menor de edad, considera que la Notaría demandada vulneró derechos fundamentales de éste, al negarse a modificar su registro civil de nacimiento, para que dé cuenta del nombre y sexo que se ajusta a su verdadera identidad de género. La entidad negó la pretensión, argumentando el incumplimiento de los requisitos previstos en los Decretos 1227 y 1069 de 2015, de la Sentencia T-675/17 y de la Instrucción Administrativa 12 de 2018, emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro. La actora refirió que hizo la petición debido a que su hijo nació con una anomalía en la formación de sus genitales que generó: a) que no se estableciera con exactitud su sexo; b) que los médicos determinaran que nació con órganos genitales femeninos y c) que le sugirieran que la registrara como niña y la criara bajo esta identidad de género. La peticionaria siguió las recomendaciones médicas por varios años, hasta le practicaron al menor pruebas genéticas que arrojaron como resultado que sus cromosomas correspondían al sexo masculino. Indica, que el menor rechazó el trato que se le brindaba como mujer, escogió un nombre masculino y le exigió a su familia, amigos e institución educativa que lo trataran de acuerdo a su identidad de género masculina. Se aborda la siguiente temática: 1º. La autonomía de los menores de edad y el reconocimiento de su capacidad para el ejercicio de sus derechos. 2º. El nombre y el sexo como elementos de la personalidad jurídica y su comprensión desde una perspectiva de derechos. Se CONCEDE el amparo solicitado, se ordena a la Notaría demandada que, por escritura pública, protocolice el cambio de nombre y la corrección del sexo que consta en el registro civil de nacimiento del menor referido, de modo tal que coincida con el nombre y el sexo masculino con el cual se identifica. Se imparten otra serie de órdenes para hacer efectivo el goce de las garantías constitucionales amparadas y se hacen unos exhortos al Gobierno Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil para que presenten iniciativas de proyectos de ley sobre el reconocimiento, desarrollo y protección efectiva de la identidad de género.
 
 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castración química obligatoria
 
El proyecto implementa el procedimiento de castración química obligatoria, complementando la pena privativa de la libertad en caso de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual en menor de 14 años
por medio de la cual se modifica la Ley 599 de 2000, implementado el procedimiento de castración química obligatoria, complementando la pena privativa de la libertad en caso de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, en menor de 14 años y se dictan otras disposiciones.
 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corte resolvió declarar la inexequibilidad la expresión “de pleno derecho” contenida en el inciso sexto del artículo 121 del Código General del Proceso, comunicado de prensa, No. 37 comunicado 25 y 26 de septiembre de 2019
 
INEXEQUIBILIDAD DE LA NULIDAD DE PLENO DERECHO DE LAS ACTUACIONES ADELANTADAS POR EL JUEZ CON POSTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PARA DICTAR SENTENCIA EN PRIMERA O SEGUNDA INSTANCIA, LA CUAL DEBERÁ SER ALEGADA ANTES DE PROFERIRSE LA SENTENCIA Y ES SANEABLE EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. EL VENCIMIENTO DE DICHOS PLAZOS NO IMPLICA UNA DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES 
 
 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jueces pueden ordenar, de manera excepcional, el servicio de cuidador en casa

TUTELA ORDENA A EPS SUMINISTRAR SERVICIO DE CUIDADOR A DOMICILIO A PACIENTE TERMINAL. La accionante, actuando como agente oficiosa de su progenitora, aduce que esta padece insuficiencia renal crónica en fase terminal, ceguera bilateral, hipertensión, diabetes y una fractura en el brazo, que exigen atención y acompañamiento permanente. Aduce que las entidades demandadas han vulnerado derechos fundamentales, al negar el servicio de enfermería domiciliaria por 24 horas que solicitó, debido a que el cuido de su madre le ha imposibilitado trabajar tiempo completo para obtener los recursos económicos para mantener a su núcleo familiar, compuesto además por tres hijos estudiantes, de los cuales dos son menores de edad. Se reitera jurisprudencia relacionada con 1º. El contenido y alcance del derecho a la salud. 2º. La acción de tutela y el cubrimiento de servicios y tecnologías no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (hoy Plan de Beneficios). 3º. El suministro domiciliario del servicio de enfermería en el precitado Plan y sus diferencias con la figura de cuidador. La Corte consideró pertinente proteger los derechos fundamentales a la salud y vida digna de la agenciada, no sólo por sus condiciones particulares de movilidad y sus dolencias físicas sino por apoyar a su núcleo familiar en su cuidado, a fin de que su hija pueda trabajar y obtener los recursos necesarios para su manutención y la de su grupo familiar. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la accionada autorizar y suministrar en favor de la demandante el servicio de cuidador a domicilio por doce horas, a fin de atender todas las necesidades básicas que la progenitora de la accionante no puede satisfacer autónomamente, debido a las graves enfermedades que la aquejan.
 
 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN POR IMPOSIBILIDAD TRANSITORIA FÍSICA O MENTAL PARA CONDUCIR O POR DECISIÓN JUDICIAL NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, PUESTO QUE EN AMBOS CASOS EL TIEMPO DE SUSPENSIÓN ES DETERMINABLE. NO OCURRE LO MISMO EN EL CASO DE LA SUSPENSIÓN DE ESA LICENCIA POR PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN VEHÍCULOS PARTICULARES, TODA VEZ QUE NO EXISTE UNA NORMA QUE PERMITA ESTABLECER EL TÉRMINO DE ESA MEDIDA, LO QUE DESCONOCE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

 La Corte Constitucional dio a conocer el comunicado sobre la Sentencia C-428/19, con la cual resolvió una demanda que atacaba los artículos 26 (parcial) de la Ley 769 del 2002 (Código de Tránsito) y 3° de la Ley 1696 del 2013, por vulnerar el principio de igualdad y el derecho al debido proceso.
 
 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración transitoria del patrimonio
 
DERECHO AL GOCE EFECTIVO DE LA MESADA PENSIONAL, ANTE IMPOSIBILIDAD FÍSICA Y/O MENTAL DEL TITULAR DEL DERECHO PARA RECLAMARLA
 
 
 Corte Suprema de Justicia - Sala Penal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Sala ha clarificado que, con la emisión de una sentencia condenatoria, cesan los efectos jurídicos de la medida de aseguramiento, por lo que la subsistencia de la privación de la libertad del sentenciado encuentra un sustento material diverso.
 
 
 Corte Suprema de Justicia - Sala Civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMULACIÓN DEL MATRIMONIO - Civil - En el matrimonio simulado no existe voluntad real de las partes para contraer dichas nupcias, por el contrario se trata apenas de una voluntad aparente, la declaratoria de la simulación del acto matrimonial tiene efectos retroactivos, por tanto, el estado civil de los cónyuges nunca nació a la vida jurídica.
 
 Poder Público - Rama Legislativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Civil - Presidente Duque firma ley de nacionalidad para 24.000 niños venezolanos
 
Nacionalidad colombiana por nacimiento
 
Se establece un régimen especial y excepcional para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento, para hijos e hijas de venezolanos en situación de migración regular o irregular, o de solicitantes de refugio, nacidos en territorio colombiano, con el fin de prevenir la apatridia.

 

 

 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APORTES PENSIONALES. OMISION DEL EMPLEADOR EN EL APORTE DE LAS COTIZACIONES AL SISTEMA NO PUEDE SER IMPUTADO AL TRABAJADOR. Mediante el auto 075/19 se declaró la nulidad de la Sentencia T-352/18, correspondiente a la resolución del caso que se analiza en esta oportunidad. A través de dicha disposición se ordenó también proferir una nueva decisión. La nulidad se dio luego de que la Sala Plena estableciera que Colpensiones no era la entidad llamada a responder por las semanas trabajadas y dejadas de cotizar por la empresa empleadora, dado que las mismas se dieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. El accionante interpuso la acción de tutela contra Colpensiones luego que le negara la pensión de vejez por no cumplir con el requisito relacionado con la densidad de semanas cotizadas. Según el peticionario, el período trabajado y no cotizado en una empresa, ajustaba el número de semanas necesario para acceder a la pensión. Con base en dicha consideración, solicitó la nulidad de las resoluciones que denegaron la prestación. Se analizan los siguientes temas: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de pensiones. 2º. La pensión de vejez en el sistema pensional colombiano, de cara a las obligaciones generales de los empleadores y, 3º. El régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Teniendo en cuenta que se verificó que la empleadora a la que hizo alusión el peticionario certificó y no pagó un equivalente a 42.9 semanas, pero que la misma empresa dejó de existir en Colombia desde el año 1986, la Corte, dando aplicación al principio de solidaridad derivado del Estado Social de Derecho y de cara a las particulares condiciones en que se encuentra el actor respecto a su edad, estado de salud y situación económica, CONCEDE el amparo y dispone que Colpensiones realice un cálculo actuarial exclusivamente de las 16 semanas que le faltan para hacerse beneficiario del régimen transicional, con cargo al retroactivo al que tiene derecho. Lo anterior, en procura de no generar una afectación a la sostenibilidad financiera del Sistema. Recibo Relatoria: